Ante la crisis por la que atraviesan la justicia y las instituciones, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, lamentó que “la política se entregó al mejor postor y la justicia fue permeada por los negociantes de expedientes”.

En el Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 2017, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a tomar medidas radicales contra la corrupción y advirtió que “si no hacemos que renazca la ética en este país, se nos van a derrumbar las instituciones”.

Carrillo Flórez dijo que aunque durante años se han expedido todas las normas, firmado convenciones internacionales, creado instituciones, “la corrupción sigue naciendo, creciendo, reproduciéndose y no muriendo. Si no detenemos ese flagelo se va a devorar el sistema político, llegará el populismo y triunfará la deshonestidad”.

Rechazó la pérdida de la ética en Colombia y reiteró la importancia de trabajar en un pacto ciudadano por la integridad, la probidad y la transparencia, que se ha perdido “por cuenta del dinero fácil, el otorgamiento de coimas y el trueque de expedientes”.

“El dinero corrompió a electores y elegidos, (…) se ha dado en el campo del financiamiento de la política ese maridaje entre políticos y contratistas, entre los grandes financiadores que se convierten después en los usufructuarios del botín del Estado”.

El jefe del órgano de control denunció que la corrupción se ha ensañado con la salud, la educación y los programas sociales. “El que se roba la alimentación y la educación de los niños comete un triple pecado: contra la sociedad, contra el Estado y contra uno de los eslabones más débiles de la sociedad”.

Congreso Confecámaras

En su participación en el Congreso de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) 2017,  el jefe del Ministerio Público resaltó la adhesión de un centenar de empresarios y gremios a la Declaración por la Transparencia que promueve la Procuraduría para trabajar de manera articulada en la lucha contra la corrupción

Explicó que esta alianza con el sector privado va encaminada a la construcción de un catálogo completo de acciones y estrategias en la búsqueda de seguridad jurídica y de un espacio común entre lo público y lo privado.

“No es un simple documento, estamos haciendo un gran pacto para trabajar operativamente en esta lucha”.